El funcionario norteamericano Elliott Abrams (Reuters) (POOL/)“En caso de que Saab sea extraditado a EEUU, tendrá un juicio justo e imparcial en el que defenderse de los graves cargos por los que ha sido imputado, con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema, que como el de Cabo Verde es independiente”, aseguró Elliott Abrams en declaraciones al diario español ABC.
Saab y su equipo de abogados, liderado por el ex juez español Baltasar Garzón, acusan a EEUU y a Cabo Verde de perseguirlo políticamente. Para el máximo responsable para Venezuela e Irán en el servicio diplomático estadounidense, las alegaciones del aliado de Maduro son erróneas: “Lo que ha sido político es la agresiva campaña de mentiras y desinformación que Saab y el régimen de Maduro han montado en sus medios y en las redes sociales en un intento de influir en el proceso judicial e influir en la opinión pública caboverdiana. A pesar de esta presión política, tenemos fe y confianza en la integridad del sistema judicial de Cabo Verde y esperamos que se haga justicia”.
Alex Saab está preso en Cabo verde desde el 13 de junio“La solicitud de extradición de EEUU se basa en el estado de derecho y en los compromisos comunes que Cabo Verde y EEUU han asumido para combatir el crimen organizado transnacional en virtud de tratados internacionales”, agregó.
Saab, quien tenía solicitud de captura internacional en Interpol, acusado de lavado de dinero y corrupción en un tribunal de Estados Unidos, fue detenido luego de que el avión privado en el que viajaba -un Bombardier Global 5000, con matrícula T7-JIS- solicitara autorización para aterrizar en Sal con el objetivo de repostar combustible. Cabo Verde era simplemente una parada técnica de un vuelo que lo trasladaba de Caracas a Teherán, capital de Irán. Hoy, el mayor temor del empresario es que ese haya sido su penúltimo viaje antes de terminar en suelo norteamericano. Es que, a pesar de todos los recursos que interpuso y continúa presentando su defensa, el Tribunal de Apelación de Barlovento aceptó el 31 de julio su extradición Estados Unidos.
Alex Saab, esposado en Cabo Verde (Infobae)El empresario colombiano señalado de ser testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, tiene un papel clave en el programa gubernamental Comité Local de Abastecimiento y Producción, que se encarga de la distribución de alimentos subvencionados -muchos de ellos, importados- a las familias más desfavorecidas del país.
Según la oposición venezolana, el barranquillero, de 48 años, amasó una fortuna vendiendo al régimen de Maduro miles de toneladas de alimentos de dudosa calidad y con sobrecostes, lo que produjo una millonaria pérdida patrimonial al país.
Y de acuerdo con la justicia de Estados Unidos, que lo sancionó junto a familiares de Maduro en 2019 por su presunta participación en un esquema de corrupción, Saab robó “cientos de millones de dólares” y pagó sobornos para obtener jugosos contratos del Estado venezolano.
En los primeros años de Maduro en Miraflores, estas fueron algunas de las fortunas almacenadas por Saab: 120 millones de dólares provenientes de las asignaciones de dólares preferenciales en las denominadas “subastas Sicad”; otros 125 millones de dólares con contratos para la venta de materia prima a granel, como maíz, trigo o soja; y un acuerdo por 4.000 millones de dólares para la explotación petrolera con Trenaco, domiciliada en Colombia y Suiza, al frente de la cual estuvo el empresario colombiano Carlos Gutiérrez Robayo, consigna la revista Semana.
Por su parte, entre 2016 y 2018, la extensa red de Saab obtuvo contratos por cerca de 1.500 millones de dólares a nombre de Group Grand Limited -registrada en Hong Kong- y Asasi Food Fze -inscrita en Emiratos Árabes Unidos-. Esas compañías no solo firmaron acuerdos con el régimen venezolano para las cajas Clap, también lo hicieron para suministrar medicinas, repuestos y hasta juguetes.
Todo este esquema requirió de sofisticadas estructuras financieras. Saab y sus socios movieron decenas de compañías en Emiratos Árabes y Turquía; realizaron movimientos bancarios en países como Suiza, Rusia, Bulgaria o Antigua y Barbuda. Además de naciones africanas y más recientemente Irán.
El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por Maduro para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. El colombiano ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018. A cambio, Ankara pasó a ser un importante proveedor de alimentos básicos, como pasta, aceite de girasol, harina de trigo, lentejas rojas y leche en polvo para Venezuela. El FBI y la DEA, además, investigan los vínculos del empresario colombiano que se extienden a al menos siete países de América, Europa y Asia.
Además de Group Grand Limited, la información que manejan las autoridades norteamericano también vinculan a Saab como firmas como Sun Properties LLC (en Delaware, EEUU) y Mulberry Proje Yatirim, en Turquía. Panamá y Emiratos Árabes Unidos son las que más firmas investigadas albergan, con tres cada una. Por último, hay dos firmas colombianas en la mira del FBI y la DEA: Fondo Global de Alimentos LTDA y Emmr & CIA.
Esta extensa red contó además con el aval y la cooperación de Cilia Flores, esposa de Maduro, y sus hijos, conocidos como “los Chamos”. Por ese motivo, en julio de 2019 el Departamento del Tesoro sancionó a los tres hijos de Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. Los tres son acusados de recibir sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano.
Junto a ellos fueron incluidos en la lista negra de Washington Saab, Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, Isham Ali Saab Certain, Shadi Nain Saab Certain, Mariana Andrea Staudinger Lemoine y José Gregorio Vielma Mora. Éste último es ex gobernador del estado Táchira, involucrado en estos casos de corrupción que investiga el gobierno norteamericano.
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